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Hoy se publica  en el BOE la  Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

De acuerdo con su artículo 1, esta Ley tiene por objeto “establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la economía social, con pleno respeto a la normativa específica aplicable a cada una de ellas, así como determinar las medidas de fomento a favor de las mismas en consideración a los fines y principios que les son propios”; entendiéndose por economía social “al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos” (artículo 2).

De acuerdo con el artículo 5, son entidades de economía social “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior”.

El objetivo perseguido con esta Ley, tal como dispone su Exposición de Motivos, radica en configurar un marco jurídico que, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector, suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, estableciéndose los principios que deben contemplar las distintas entidades que la forman.

Bajo la rúbrica de “principios orientadores”, el artículo 4 preceptúa las máximas que han de guiar la actuación de las entidades de economía social (básicamente, se trata de un conjunto de principios que han de informar la actuación de las entidades, no imponiéndose a través de ellos concretas obligaciones de resultado); estos principios pueden ser resumidos de la siguiente manera:

a)      Gestión autónoma, transparente, democrática y participativa de las entidades, priorizándose para la toma de decisiones las aportaciones de trabajo y servicios de los integrantes de la entidad  respecto de las aportaciones al capital social.

b)      Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

c)       Compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

d)      Independencia respecto a los poderes públicos.

Puedes acceder la ley haciendo clic en:

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