Con el cierre del ejercicio hace apenas dos meses, las sociedades están inmersas en la ardua tarea de preparar sus números para la presentación de cuentas anuales del ejercicio 2012. En el caso de las compañías dedicadas al sector inmobiliario, cada día que transcurría era un día de incertidumbre: a pesar de la esperanza que albergaban los expertos del sector, en los círculos del ladrillo se temía que este año 2013 no se prorrogase  la aplicación de aquel Decreto de 2008 que supuso un salvavidas para estas compañías. Hablamos del Decreto-Ley 10/2008,  que ampara que las sociedades no contabilicen en sus cuentas anuales las pérdidas por deterioro generadas con ocasión de la depreciación de determinados activos: el inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias. Esta medida sería aplicable únicamente al ejercicio 2008, sin embargo, por sendas prórrogas, un año tras otro se ha rescatado su aplicación, recordando cada año lo excepcional de la medida. Pero, este año estábamos ya a mediados de febrero y todavía no se habían oído ni siquiera rumores sobre su eventual extensión por quinto año consecutivo, para salvar el ejercicio pasado, y evitar que en 2013 la gran mayoría de las inmobiliarias del país entrasen en concurso de acreedores, o peor aún, en causa legal de disolución.

Sin embargo, el sector ha podido dejar de contener la respiración: en el BOE del pasado sábado 23 se publicó la aprobación de la prórroga por un año más. Mediante la Disposición Final Tercera del Real Decreto-Ley 3/2013 el ejecutivo ha vuelto a dar cobijo a la industria del ladrillo.

La principal consecuencia de este arreglo contable, es que las sociedades no tendrán que computar como pérdidas la caída del valor de sus activos, maquillando su cuenta de resultados y evitando el hundimiento de su patrimonio neto, y por tanto, esquivarán las causas legales de disolución, o la insolvencia determinante de la declaración del concurso de acreedores.

En la Exposición de Motivos del nuevo Decreto-Ley, el Gobierno manifiesta que gracias a las negociaciones de reestructuración del pasivo que se llevarán a cabo durante este año en las sociedades del sector, así como a los ajustes en el activo que las entidades financieras están realizando, es posible que se consiga un correlativo ajuste en el pasivo y sus valoraciones. Por ello entienden que es posible que éste sea el último año en que sea necesario prorrogar esta medida.

Lo cierto es que nadie sabe qué sucederá el próximo año al respecto, pero estamos convencidos de que el sector inmobiliario debe mover sus piezas estratégicamente durante este ejercicio 2013 para corregir sus posiciones de pasivo y situar sus balances en el mejor escenario posible de cara a afrontar con cierta solidez la decisión que se adopte el próximo año.