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Cruzando la otra noche hacia la embajada americana en Madrid me encontré con un grupo que protestaba «a la americana», blandiendo pancartas de cartón mientras andaba. El grupo era escaso, entrado en edad, y con poca pinta de entregarse a veleidade anti-imperialistas. Al acercarnos nos gritan algo que mi mujer no entendió, pero que yo descifré como «mientras miráis os están robando» ¿Los yankees?, me pregunto con sorpresa. Raro, hoy que nuestros demonios internacionales van más del lado de los compatriotas de Merkel.

Nada que ver. Se trataba de una protesta junto a la puerta de una entidad financiera incrustada cual apósito en territorio americano, motivada por agravios reales o percibidos en la comercialización de productos financieros new wave tipo preferentes, subordinadas, obligatoriamente convertibles y asimilados.

La semana ha sido prolija en información sobre este asunto, tanto más cuanto que nos encontramos en plena temporada de juntas generales de accionistas, escenario ideal para la representación de descontentos y frustraciones contra los señores de este capitalismo nuestro tan singular (me salían un montón de adjetivos menos neutros). Al hilo leo que el presidente de la CNMV se lava las manos (otro más) en este asunto, manifestando que se respetó la legalidad formal, que el problema está en la comercialización y que no pueden poner un inspector en cada agencia. ¡Ahí queda eso!

Lo cierto y verdad, por tomar prestada la expresión de mi amigo Carlos, es que en este caso hay mucho de legalidad, o ilegalidad, que es la otra cara de la misma moneda; y bastante de moralidad, idiosincrasia nacional y cultura (o falta de) financiera.

Hasta hace tres o cuatro años me arriesgo a afirmar que, para el 95 por ciento de la población, «convertible» era un coche descapotable, y «preferente» se asociaba a una clase de billete de tren o avión. Hoy, desgraciadamente, mucha gente se encuentra familiarizada con el término y no poca sufre sus consecuencias en un momento especialmente sensible por lo precario de la situación financiera de las familias e, incluso, de las empresas.

El caldo de cultivo de estos productos se cocina -a mi modo de ver- con cuatro ingredientes principales, dos coyunturales y otros tantos estructurales: necesidad apremiante para las entidades financieras de reforzar su estructura de fondos propios sin recurrir a ampliaciones de capital (porque no quieren en ese momento dilución, o porque no pueden, caso de las Cajas); entorno de tipos de interés excepcionalmente bajos, y retribuciones y márgenes en consonancia; modelo de banca universal con mucha penetración minorista; y escasa cultura financiera de su clientela. Como ven, un cóctel explosivo, unido a una perversa política de incentivos en las redes que empuja a los empleados de banca a comercializar productos, escasamente explicados y dudosamente entendidos, como si fueran meros substitutos de las veteranas imposiciones a plazo pero con mayor retribución, y, pretendidamente, igual liquidez y riesgo.

El principio del final de la historia es de sobra conocido. Ninguna de las tres premisas se demuestra verdadera, empezando por la liquidez, y siguiendo por la rentabilidad y el riesgo. A ver cómo se desmadeja este embrollo, porque hay mucha gente con los ahorros atrapados en un momento de máxima necesidad. Imagino que también aquí será necesaria alguna fórmula de socialización de las pérdidas, con mayor y más justo motivo que en el saneamiento de los desmanes de la burbuja. Pero es una mala costumbre la que estamos adquiriendo de asumir como colectivos todos los errores o malas prácticas ajenas, pues la moraleja no puede ser más negativa: irresponsabilidad individual por los errores propios; e inmunidad (patrimonial, al menos) por las tropelías.

En mi opinión todo esto es síntoma de una patología que no se cura con el borrón y cuenta nueva de turno. Hay que actuar del lado de la prevención y, por qué no, del de la represión.

Se hace patente una tremenda falta de cultura financiera del público combinada con cierto abuso de confianza de la Banca, o de algunos actores de la Banca, por no generalizar. En cualquier caso, es manifiesto el conflicto de intereses en la recomendación de inversión en la coyuntura en que se produce. Y no me vale que opongan la eximente de la firma de la declaración MIFID con el perfil de riesgo del inversor porque los minoristas firman lo que les pone delante el gestor «de confianza» de turno. Consumada la tropelía, se le jubila o cambia de destino, y a por la siguiente campaña de comercialización. Si la CNMV está en este asunto para verificar folletos de cincuenta páginas con letra microscópica y lenguaje alambicado, mejor que lo deje.

Se hace necesario aquí y ahora actuar en un doble ámbito. Enseñar los rudimentos de las finanzas en el escuela y repensar si este modelo tan nuestro de banca universal de altísima penetración minorista no necesita de una gestión de conflictos de intereses a la altura de los derechos de protección del consumidor y usuario.

Tanto más necesario resulta una re-moralización de las prácticas financieras y bancarias. Un código ético que se cumpla, de verdad, y regímenes de sanciones duras para quienes lo incumplan, caiga quien caiga. Una justicia ágil tampoco vendría mal para llenar la función de prevención general y especial, y también la de la represión. La sensación de impunidad alienta estos comportamientos y genera frustración en quien se conduce como debe, a la par que expande valores indeseables en la sociedad.

No todo lo legal es moral. La calidad del sistema económico y, por ende, su atractivo para inversores y prestamistas también se mide por estos parámetros.

Publicado también en el blog de Emiliano en Cinco Días: http://blogs.cincodias.com/la-cana/

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