Si usted suministra bienes, los arrienda o tal vez presta servicios de manera continuada a un cliente que ha sido declarado en concurso de acreedores -o tiene la sospecha de que será declarado en tal situación en un futuro próximo- probablemente se pregunte cómo debe actuar para proteger sus intereses.

Desde un punto de vista jurídico, la prestación periódica de servicios o de un suministro se enmarca en lo que se conoce concursalmente como contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes y ello es relevante para determinar los efectos que el concurso podría tener sobre las posibilidades de cobro de dichos servicios o suministros.

La Ley Concursal establece que, como regla general, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de esta clase de contratos (artículo 61.2 LC) y, en consecuencia, estos deben seguir cumpliéndose por las dos partes. De modo que deberán seguir realizándose los suministros previstos y prestándose los servicios convenidos frente al cliente potencialmente insolvente.

El anterior mandato legal coloca al suministrador o prestador de servicios en una aparente situación de desprotección que la propia Ley Concursal se ocupa de conjurar mediante el reconocimiento de las obligaciones de pago del cliente concursado nacidas con posterioridad a la declaración de concurso como «créditos contra la masa». Esto es, créditos que deberán ser satisfechos al margen del concurso, y a su vencimiento, con cargo al patrimonio del concursado y que no participan por tanto de los riesgos implícitos en las reglas de cobro los créditos típicamente concursales (arts. 61.2, 84.3 y 84.2.6º LC). Ello significa que el cliente -situado ya bajo la supervisión y la actuación del administrador concursal- deberá pagar las facturas emitidas por servicios prestados o suministros realizados durante el concurso conforme a lo estipulado en el contrato.

Por su parte, las obligaciones de pago insatisfechas que se hayan devengado con anterioridad a la declaración de concurso tendrán la consideración de «créditos concursales» y, consiguientemente, deberán someterse al orden de prelación de pagos previsto en la Ley Concursal para el conjunto de los acreedores llamados al concurso. Además, salvo que en el contrato se hayan pactado y otorgado garantías específicas para asegurar el cobro, dichos créditos se calificarán en el concurso como créditos concursales «ordinarios», algo que prima facie reduce extraordinariamente sus posibilidades de cobro puesto que la experiencia nos demuestra que los acreedores que no cuentan con garantías sobre bienes del concursado (por ejemplo, hipotecas, prendas o fianzas de terceros) difícilmente consiguen cobrar esta clase de créditos.

Pareciera que hasta aquí, y después de lo expuesto, contamos con una respuesta relativamente clara en torno a cuáles son los riesgos que asume el suministrador o prestador de servicios en el marco de esta clase de contratos de tracto sucesivo cuando su cliente se encuentra en concurso de acreedores: resultará razonablemente probable cobrar con cargo a la masa los pagos que se devenguen por prestaciones realizadas con posterioridad a la declaración de concurso pero, por el contrario, resultará improbable obtener el cobro de los pagos debidos por prestaciones realizadas con anterioridad a ese momento.

Ahora bien, la anterior solución legal no siempre resulta inamovible y el suministrador o prestador de servicios puede tener en su mano alternativas más favorables para la protección de sus intereses que un adecuado asesoramiento jurídico debiera poner de relieve. En particular, debe tenerse en cuenta que la regla general de la vigencia durante el concurso de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes a cargo de las dos partes tiene una importante salvedad en la propia Ley Concursal, pues esta Ley no excluye el ejercicio de la facultad de resolver dichos contratos por incumplimiento, ya sea este incumplimiento anterior o posterior al concurso (artículo 62.1 LC).

Esa facultad resolutoria debe ejercitarse, en todo caso, ante el juez del concurso, que goza de cierta discrecionalidad para acordar dicha resolución o bien, si lo estima más conveniente para los intereses del concurso, para ordenar la continuidad del contrato. Si acordase que procede la resolución, quedará extinguido el contrato y cesará, en consecuencia, la obligación de continuar prestando los servicios o los suministros convenidos, recibiendo las obligaciones de pago pendientes a cargo del concursado el tratamiento propio de los créditos concursales, si se devengaron antes del concurso, o bien de los créditos contra la masa, si se devengaron después, tal como se expuso anteriormente (art. 62.4 LC).

En cambio, si se insta la resolución por incumplimiento como consecuencia de la existencia de impagos anteriores a la declaración del concurso y el juez ordenase la , la continuidad del contrato las prestaciones debidas por el concursado ¡aunque se correspondan con dichos impagos anteriores a la declaración del concurso! se abonarán con cargo a la masa (art. 62.3 LC). En otras palabras, si se insta la resolución y el juez acuerda el cumplimiento forzoso del contrato en interés del concurso se considerarán como «créditos contra la masa» tanto los impagos pendientes anteriores a la declaración de concurso como las cantidades debidas por prestaciones realizadas con posterioridad a dicha declaración.

Es importante advertir que el Juez hará uso de esta prerrogativa siempre y cuando la continuidad del contrato sea del «interés del concurso», interés que se manifestará fundamentalmente en todos aquellos casos en los que las prestaciones recibidas por el concursado en virtud del contrato resulten necesarias o esenciales para mantener la actividad productiva de este durante la propia tramitación del procedimiento.

En consecuencia, por esta vía se abren ciertas posibilidades de actuación dentro del procedimiento concursal que podrían incrementar las posibilidades de cobro de los suministros o servicios prestados a un cliente antes del concurso por mor del reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo del concursado como créditos contra la masa en determinados casos. El corolario de lo anterior se adivina fácilmente: si usted suministra bienes o presta servicios a un cliente que, además de no pagarle desde hace tiempo, ha sido declarado en concurso de acreedores o tiene la sospecha de que será declarado en tal situación próximamente, no se precipite y no realice actos -como pudiera ser la resolución del contrato previa a la declaración del concurso- que podrían perjudicar o restringir su posición jurídica o estratégica en el propio concurso.

Artículo publicado el 21 de octubre de 2016 en el diario Expansión

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