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A los españoles nos gusta la contradicción. Todos tenemos espíritu de tertulianos, y en la cúspide de la clase política, tanto más. Eso podría explicar el titánico y hasta ahora estéril esfuerzo por mutar la naturaleza del rescate en una “financiación blanda en condiciones preferentes” (vamos, un chollo) a nuestro sistema financiero, o, al menos, a la parte de él necesitada de oxigeno y vitamina B1, después de la borrachera hipotecaria de la década “prodigiosa”.

Muchos pretenden encontrar los fundamentos de la dialéctica Merkel-Rajoy, o, por despersonalizar, Alemania-España, en las raíces de nuestra cultura económica impregnada, en el caso de España, por un catolicismo teórica y tradicionalmente refractario a las cosas de este mundo (vil metal, en román paladino), frente a esa Europa del norte calvinista y ahorradora, que pretende redimir sus pecados en el trabajo diario (ora et labora). Vamos, la fábula de la cigarra y la hormiga, en versión crisis del Euro. Yo respetuosamente discrepo, para variar.

Aquí el dilema moral es – a mi juicio – de mucha menor envergadura intelectual. Se trata de asignar riesgo y, de materializarse éste, quebranto.

En efecto, como la actualidad apenas dura un segundo, y en ocasiones ni eso, porque ya está descontada antes de materializarse (verbigracia, el famoso rescate blando de los 100.000.000.000 de Euros, con todos sus ceros a la derecha), apenas recordamos el extendido debate sobre el “riesgo moral” o, en su original inglés “moral hazard” que prendió en Estados Unidos allá por el 2007/2008 con motivo de la quiebra de su sistema financiero y su posterior salvación y saneamiento por parte de las autoridades federales a través del TARP y de otros mecanismos de política fiscal y monetaria. En resumidas cuentas, se trata de la manida “privatización de beneficios y socialización de pérdidas” que tanto le gusta repetir a la izquierda en relación con la actividad financiera y bancaria. Cuando las cosas van bien en Banca, los stakeholders recolectan pingües beneficios, pero cuando la cosa va mal, o muy mal, el tesoro público, es decir, todos los ciudadanos, acaban/acabamos pagando la factura de los platos rotos, al tratarse el crédito de un insumo esencial de la economía de mercado; y asumirse al tiempo que la quiebra de una entidad o del sistema acaba por infligir un coste a la sociedad superior al requerido para evitarla (lección “Lehman Brothers”). Ello justificaría la fuerte regulación a la que se encuentra sometida la actividad bancaria y los poderes exorbitantes que se le vienen a reconocer a las autoridades supervisoras (Banco de España) precisamente para prevenir que el coste social se materialice dando pie al manido riesgo moral.

Hasta aquí la teoría. Vamos a la práctica de nuestro querido sistema financiero hispano-español, hasta hace bien poco el mejor sistema financiero del mundo en manos de un ejemplar supervisor, luz y guía de sus pares al hilo de sus famosas provisiones anticíclicas.

Resulta que con la crisis bancaria local ya abierta, el nuevo Gobierno salido de las urnas proclama a los cuatro vientos que ni un euro ciudadano iría a parar a las arcas de las malvadas Entidades financieras que no supieron hacer sus deberes, cigarras ellas en tiempos de abundancia. Con tal ánimo, se diseñó un mecanismo de saneamiento de Entidades intervenidas que giraba en torno al Fondo de Garantía de Depósitos, de modo que fuera el propio sistema bancario el que se hiciera cargo de los costes de su reestructuración. Claro que con la primera tirada se agotó el mini cañón Berta, exhausto tras el esfuerzo de saneamiento de la CAM vía recapitalización, líneas de liquidez y Esquema de Protección de Activos. A partir de ahí se abrían dos opciones, ante la evidencia de que el agujero de nuestras entidades estaba lejos de quedar colmado (ya solo la cartera de “nacionalizadas” pre-Bankia, asustaba): una que se exploró encontrando una fuerte resistencia de las Entidades financieras, que pasaba por dotar de recursos al Fondo de Garantía de Depósitos vía crédito que debían aportar los propios Bancos y Cajas; y la otra, seguir tirando de FROB, como había hecho el anterior Gobierno, en la ficción de que lo puesto eran “préstamos” casi usurarios que se recobrarían con jugosos intereses ad maiorem gloria del Tesoro público y regocijo ciudadano (para no cansar, nos olvidamos de la líneas de avales de las emisiones de Bancos y Cajas, y otras medidas varias de apoyo).

Y es en este punto, sí señor, donde se plantea el dilema moral, pues si en la órbita del FDG son las Entidades financieras las que corren con la carga del saneamiento de un sistema fallido, en el caso de la intervención del FROB y demás instrumentos públicos de apoyo, son los ciudadanos con sus impuestos y su parte alícuota de deuda pública los que aseguran en el sentido más financiero posible del término (underwriting) la bondad de tales intervenciones y saneamientos. Así los españoles de a pie y demás contribuyentes en suelo patrio acabarían expiando los pecados de los gestores bancarios (por cierto, muchos de ellos “públicos” por aquello de la naturaleza etérea de las Cajas), supongo que justificado a título de imputación por la deficiente supervisión del Banco de España y demás entes competentes, encarnación ciudadana y aparentemente fallida del Gran Hermano bancario.

En esto llegó el efecto Bankia, y se acabó de un plumazo con la dubitación. FROB y a por fondos europeos, porque con lo de aquí no había suficiente para apuntalar el sistema. Y es ahí donde la pretensión de que el “rescate blando” europeo se realice directamente a las Entidades financieras españolas que lo necesiten resulta a mi juicio absurda, al menos desde el punto de vista del “riesgo moral”. ¿A qué título debe el contribuyente europeo asumir el riesgo de saneamiento del sistema financiero español? Los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad no crecen en los árboles, los ponen a escote los Estados Miembros en garantías y aportaciones. Y los Estados no son otra cosa que el sujeto de derecho internacional de las respectivas naciones europeas, integradas ellas por probos ciudadanos y en esa misma condición, contribuyentes.

¿Qué culpa tienen los alemanes, holandeses, finlandeses, austriacos y demás “hormiguitas” de los desmanes del carpe diem en la orgía del ladrillo español? Alguna se pretende ahora encontrar, por aquello de que la causa última del crédito fácil vino motivada por unas disponibilidades de financiación y unos tipos de interés acrónicos para el ciclo económico español del momento, pues se ajustaban entonces a las necesidades de financiación del esfuerzo pangermánico por digerir a la antigua Alemania del Este, lo que acabó resultando en un coste real negativo del dinero (sí, sí, sí, nos pagaban por endeudarnos) en España.

A mí este amago de causalidad remota, al estilo “efecto mariposa”, no me convence. Como dice Merkel, que cada palo aguante su vela. Ellos prestan el dinero a España y que España asegure que está bien empleado porque, a término, lo tendremos que devolver. Y si no lo devuelven las Entidades, lo haremos nosotros, contribuyentes, como fiadores solidarios que somos del crédito blando.

No anatemicemos a quienes nos echan una mano para salir del hoyo, aunque sea a título de préstamo, porque como decía el otro día un ministro alemán: “hombre, tan mal con Grecia no nos estamos portando, llevamos puestos más de 40.000 millones de Euros, y aún estamos esperando que alguien nos dé las gracias”.

Pues eso, en nuestro rescate blando, más de veinticinco mil millones de razones les avalan.

 

Esta entrada ha sido publicada también en «La Caña», el blog de Emiliano en Cinco Días.com

 

 

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