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La Ley Concursal dispone en su artículo 5.1 que [E]l deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.
La sanción más onerosa que podría ocasionar su incumplimiento es la calificación como culpable del concurso, lo que podría desencadenar la responsabilidad personal de los administradores si se demuestra que han actuado con dolo o culpa grave. En principio, la omisión del deber de solicitar el concurso da lugar a una presunción de culpa que, no obstante, admite prueba en contrario, la cual podría eventualmente consistir en la acreditación de que durante dichos plazos la sociedad se encontraba en proceso de negociación para lograr una refinanciación de su deuda. En todo caso, para ser sancionado debe comprobarse que este retraso ha motivado la agravación del estado de insolvencia de la compañía.
Por otro lado, la jurisprudencia y la doctrina no han alcanzado una conclusión definitiva acerca de la naturaleza de dicha responsabilidad, que en algunos casos se entiende como una responsabilidad resarcitoria, lo que haría preciso que se probase la relación de causalidad entre la omisión o retraso en la solicitud del concurso y la falta de satisfacción de los créditos de los acreedores, mientras que en otros se considera una responsabilidad cuasi objetiva.
Si, bajo los anteriores presupuestos, llegase a declararse el concurso como culpable, en el caso más extremo podría hacerse responsable a los administradores de la persona jurídica concursada, y a quienes hubiesen tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa.
Por último, el art. 172. 3 de la LC dispone que la Sentencia que califique el concurso como culpable “podrá” condenar a los administradores (no dice que lo hará necesariamente). Esto pone de manifiesto que la imposición de tal responsabilidad personal no es automática sino que será valorada por el juez en función de las circunstancias y procederá únicamente en los casos más graves de concursos culpables.

Esta nota es parte de un análisis sobre la situación de los administradores de una sociedad en situación de insolvencia. Puedes leer también otras tres entradas sobre esta cuestión:

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