Saltear al contenido principal

Durante los dos años de vigencia del artículo 5.3 de la Ley Concursal, se han planteado numerosas dudas en torno a la interpretación de su contenido, habiéndose puesto de manifiesto asimismo algunos inconvenientes prácticos que suscita esta fórmula de aplazamiento de la obligación de solicitar el concurso en relación con los procesos de negociación destinados a lograr la refinanciación o la reestructuración de la deuda de las empresas en situación de insolvencia.

La controversia fundamental se ha planteado en torno a si la comunicación del artículo 5.3 de la Ley Concursal sólo puede realizarse con el fin de negociar una Propuesta Anticipada de Convenio concursal, tras cuya negociación deba necesariamente solicitarse el concurso –como parece deducirse del tenor literal del artículo- o si, por el contrario, el periodo de aplazamiento de la obligación de solicitar el concurso puede destinarse a la negociación con los acreedores de un acuerdo de refinanciación que permita eludir la posterior solicitud del concurso.

Actualmente los Juzgados de lo Mercantil y las Audiencias consideran mayoritariamente que el éxito en las negociaciones exime de la obligación de solicitar el concurso. Esta conclusión, se verá refrendada definitivamente si prospera el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal que, en breve, iniciará su trámite parlamentario, pues entre las reformas previstas se contempla expresamente la posibilidad de negociar un acuerdo de refinanciación durante el lapso temporal abierto mediante la comunicación del 5.3.

De este modo, si durante los cuatro meses siguientes a la comunicación prevista en el artículo 5.3 se alcanza un acuerdo de refinanciación con los acreedores que tenga como resultado la desaparición de la situación de insolvencia actual de la compañía decae la obligación de presentar el concurso de acreedores, debiendo en este caso archivarse las diligencias preliminares abiertas mediante la referida comunicación (v. gr. Auto Juzgado Mercantil Alicante de 21.12.09; St. Juzgado Mercantil nº 9 de Córdoba de 10.09.09). En efecto, si en virtud del acuerdo de refinanciación desaparece la situación de insolvencia actual antes de que transcurra la prórroga de plazo de cuatro meses, no concurre ya el presupuesto objetivo para la declaración del concurso, debiendo el deudor poner en conocimiento del Juzgado este hecho mediante la acreditación de la desaparición de la situación de insolvencia. El deudor deberá demostrar que, tras la refinanciación, la compañía tiene liquidez y que no existen deudas vencidas y exigibles que no hayan sido aplazadas, canceladas o sustituidas por otras no vencidas, pudiendo, en consecuencia, solicitar el desistimiento del concurso y el archivo de las actuaciones.

Por lo demás, desde el punto de su aplicación práctica, el artículo 5.3 de la Ley Concursal presenta el inconveniente de que la comunicación al Juzgado que se establece en el mismo abre un plazo perentorio, en el sentido de que dicho plazo constituye un límite temporal indisponible dentro del cual debe dilucidarse la alternativa entre el concurso y la refinanciación. Expresado en otros términos, si se quiere eludir el concurso debe necesariamente cerrarse el acuerdo de refinanciación que permita remover la situación de insolvencia dentro del referido plazo. Plazo frecuentemente insuficiente para resolver la negociación abierta con los acreedores, especialmente en el caso de las entidades financieras que precisan de la aprobación de órganos internos cuyo régimen de funcionamiento ralentiza en ocasiones la deseable celeridad del proceso. Esto obliga a los asesores legales a rigurosos planeamientos y gestión de las negociaciones para que éstas concluyan exitosamente antes del plazo legal.

Esta nota es parte de un análisis sobre la situación de los administradores de una sociedad en situación de insolvencia. Puedes leer también otras tres entradas sobre esta cuestión:

Esta entrada tiene 2 comentarios

Los comentarios están cerrados.

Volver arriba