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La fugacidad es un sino de los tiempos. También en el mundo empresarial, y en los modelos de negocio “rupturistas”. La “competencia por disrupción” supone aceptar monopolios de mercado temporales a la espera de que una nueva innovación tecnológica les arrebate todo su poder de mercado… e, incluso, el propio mercado. Hay mucha literatura económica sobre el tema, un tanto plomiza, y el asunto poco o nada tiene que ver con este artículo.

Viene esto a cuento de un titular de periódico de hace un par de semanas donde se anunciaba una revolución del modelo de abogacía a lomos de Arriaga Asociados (creo que así se denomina), para apenas unos días más tarde proclamar el mismo diario líder en español una estocada mortal de esa firma consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconocía el derecho de los accionistas de Bankia que acudieron a la OPS a recuperar todo su dinero. Fallo al que Bankia se allanó sin demora, resignada a su fatal suerte y decidida a no engordar la bolsa con los honorarios de abogados de los reclamantes (las famosas condenas en costas).

Pero es que el modelo Arriaga, con sus luces, ni es disruptivo ni representa futuro alguno de la profesión de abogado. Es más, creo que es el pasado más vulnerable y de más inminente desaparición, pero no por el allanamiento de Bankia, sino por la propia esencia de su modelo de negocio.

Que a los medios les gusten las empresas que invierten en publicidad resulta lógico. Salvo administraciones, monopolios de hecho o de derecho, y algún que otro abogado, nadie en su sano juicio castiga a sus clientes actuales o potenciales.

Arriaga “democratiza el acceso a la justicia” en un modelo “freemium”, donde aparentemente todo es gratis, pues el resultado estaba estadísticamente cubierto (ganar la reclamación), y los costes eran de cuenta del reclamado, quien finalmente debía atender (también) los honorarios Arriaga. Propuesta de negocio “win/win”, donde todos ganan a costa del erario público, en este caso (Bankia), que paga desaguisados ajenos imputables a “gestores”, “asesores”, “auditores” y “supervisores”, en la medida de la responsabilidad aún por dilucidar ante tribunales (penales). Están en ello.

Para que el modelo pudiera funcionar era precisa una amplia base de agraviados, un agravio suficientemente lacerante presto a ser reconocido por la justicia, y (aquí está lo importante) la regla de condena en costas por referencia a los honorarios orientativos de los colegios de abogados. En este último elemento es donde se encuentra el negocio. Es evidente, pues si se tratara de reembolsar al cliente los costes efectivamente incurridos, y estos son nimios o inexistentes, Arriaga poco o nada ganaría. Como las costas se calculan por criterios que nada tienen que ver con el coste efectivo incurrido, sino con la cuantía, complejidad o dedicación supuesta a un asunto por parte del letrado, la maximización de la cuantía y la minimización de la dedicación (gracias al taylorismo de la producción en serie y cierto estajanovismo), optimizan el margen y engordan el beneficio.

El mérito de Arriaga et alii, reside, sin duda, en haber coadyuvado a que gentes que de otro modo no habrían tenido acceso a la justicia y, por lo mismo, habrían consolidado un serio quebranto en su frecuentemente limitado patrimonio, se hayan visto resarcidos de una práctica además de ilegal, profundamente inmoral y contraria a la ética, como fue el recurso masivo al ahorro popular para retrasar la quiebra de unas entidades como las cajas de ahorro víctimas de los desmanes de todo género causados por sus gestores, en una orgía de arbitrariedad, nepotismo e impunidad. Pero ahí se agota – a mi juicio – su bondad.

La realización de demandas en serie requiere de escaso talento humano, y es fácilmente optimizable por la tecnología. Todo aquello que las máquinas pueden hacer mejor y a un coste infinitamente inferior, desaparecerá del perímetro de la labor humana. El proceso solo puede agudizarse y acelerarse dados los progresos en capacidad de computación (la archiconocida ley de Moore) y los aún más relevantes avances en materia de inteligencia artificial y auto-aprendizaje por parte de las máquinas (machine learning).

De otra parte, reposando la rentabilidad en una anomalía como los honorarios profesionales orientativos, la fragilidad del modelo se agudiza aún más. Y si no, que se lo pregunten a los inversores en energías renovables.

Eso, y no el allanamiento de Bankia, se erige en el epitafio de este modelo de prestación de servicios profesionales, que es igualmente predicable en muchos otros ámbitos, como la contabilidad, la gestión tributaria, etc.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

Artículo publicado en el blog “La caña” en el diario Cinco Días el 1 de marzo de 2016.

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