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El objeto del presente artículo es determinar si resulta o no necesaria la autorización judicial para celebrar un acuerdo transaccional de naturaleza extrajudicial  cuyo contenido incluya la remisión parcial del importe de un derecho de crédito existente a favor de la concursada, o una renuncia a los embargos trabados para el cobro de tal derecho, cuando concurren circunstancias de las que pueda deducirse razonablemente que el acuerdo se celebra en interés de esta última (como podrían ser, por ejemplo, el «pronto pago» del deudor y el eventual riesgo de fallido del crédito por la insolvencia de este).

Conviene advertir que la cuestión se suscita en relación con los acuerdos de transacción «extrajudiciales», pues el ejercicio de la facultad procesal de “transigir” en un litigio judicial en el que el concursado sea parte está expresamente regulado en el artículo 51 de la Ley Concursal. Este artículo dispone que en el caso de suspensión de las facultades de administración —por ejemplo, en todos los casos en los que se haya abierto la fase de liquidación— la administración concursal necesita la autorización del Juez del concurso para desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios. Por el contrario, en caso de intervención —esto es, cuando no hay sustitución de los administradores societarios— sólo es precisa la autorización de la propia administración concursal (no del Juez del concurso) para desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios que puedan afectar al patrimonio del concursado.

Planteada la cuestión en estos términos, a nuestro modo de ver la respuesta a la misma debe ser necesariamente afirmativa, al menos en la generalidad de los casos. Esa respuesta viene dada por la propia interpretación de las normas que regulan expresamente en la Ley concursal los actos de conservación de los bienes del concursado, pero también por la aplicación de un elemental principio de prudencia que debe regir la actuación de los administradores concursales.

En relación con este último, tratándose de un acto de remisión de deuda que —al margen de las circunstancias en las que se adopte— implica un perjuicio objetivo de la masa activa derivado de la minoración del importe del crédito consignado en el inventario, es indudable que nos encontramos ante el escenario idóneo para el ejercicio por la administración concursal de la facultad de solicitar el auxilio judicial necesario reconocida con carácter general en el artículo 43, apartado 1 de la Ley concursal en relación con los actos de administración y disposición de la masa activa.

Junto a ello, la necesidad de solicitar en estos casos la autorización del juez del concurso resulta con mayor claridad de lo dispuesto en el apartado segundo del art. 43 de la propia Ley, de conformidad con el cual: “Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez”.

Aunque el precepto se refiere sólo a “enajenaciones o gravámenes”, la doctrina más autorizada indica que la autorización judicial es también necesaria para los demás actos de disposición que sean precisos para la conservación del valor del patrimonio concursal, considerando como actos de disposición la renuncia de derechos. Puede verse, en este sentido, Aurora Martínez Flórez en Comentario de la Ley Concursal Tomo I, 2008 Thomson Civitas, págs. 899 y 900); también, entre otros, Antonio Fernández Bujalance (en Tratado Práctico del Derecho Concursal y su reforma, dirigido por Fernando Martínez Sanz, Tecnos 2012, pág. 571) quien indica que “por enajenar o gravar debe entenderse todo acto de disposición en sentido amplio, entendido como cualquier acto que provoque una modificación en la situación jurídica de un bien de la concursada”. Pues bien, es claro que en el supuesto analizado el acuerdo transaccional contiene una renuncia de derechos, puesto que la concursada renuncia a un importe de las cantidades objeto de reclamación y/o a los embargos trabados para el buen fin de la ejecución de su derecho —aunque quepa suponer que tales renuncias tienen como contrapartida aumentar sus expectativas de cobro—, de modo que la autorización judicial resultará preceptiva en estos casos.

La anterior conclusión podría, no obstante, resultar controvertible en dos supuestos concretos:

(a) el primero se refiere a aquellos acuerdos respecto de los cuales, sin perjuicio de su contenido remisorio, pudiera justificarse, de conformidad con el apartado tercero del artículo 43 de la Ley, que la firma del referido acuerdo constituye un acto de disposición “indispensable para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso”. En este caso, en efecto, el acto podrá realizarse sin necesidad de autorización judicial, siendo suficiente su comunicación al juez del concurso acompañando la justificación de su necesidad. Esta posibilidad debe contemplarse, sin embargo, de forma restrictiva, pues la mención expresa del carácter «indispensable» del acto respecto de la viabilidad o de las necesidades financieras de la concursada  implica que no basta que este resulte meramente «conveniente» para esta última.

(b) El segundo supuesto se refiere a los casos en los que el derecho de crédito en cuestión sea litigioso o, eventualmente, de dudoso cobro, pues aquí cabría traer a colación la aplicación analógica del artículo 51 de la Ley concursal (referido ut supra) para sostener que, si la situación de la concursada fuese de mera intervención —y no de sustitución de los administradores societarios—, debería bastar la autorización de la administración concursal (sin necesidad de que concurra la autorización del Juez del concurso) para concluir la transacción extrajudicial. Ciertamente, dicho artículo se refiere específicamente al ejercicio de la facultad «procesal» de disponer del objeto del juicio que ampara a las partes del mismo, por lo que prima facie su aplicación no resulta evidente desde la propia literalidad de la Ley. Sin embargo, estimamos que la aplicación analógica resulta adecuada dada la identidad de razón con respecto al supuesto contemplado en el citado artículo 51, sin perjuicio de que, desde un punto de vista estrictamente pragmático, resulte aconsejable en todo caso someter la decisión al escrutinio judicial.

Ana María Gutiérrez

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