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CAPITULO 3.- COMO EXPLOTADOR DE UN ESTABLECIMIENTO HOTELERO Y ANTE EL CIERRE DECRETADO POR EL GOBIERNO DEBIDO AL COVID-19, ¿PUEDO INTERRUMPIR LOS CONTRATOS DE TRABAJO CON LOS EMPLEADOS? ¿SE CONSIDERA ESTO COMO UNA CAUSA DE FUERZA MAYOR? ¿CÓMO AFECTA ESO A MIS RELACIONES CON EL PROPIETARIO DEL HOTEL O CON MIS PROVEEDORES?

El cierre del establecimiento hotelero por la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, constituye el presupuesto necesario para poder recurrir a las tan esperadas medidas extraordinarias de carácter laboral aprobadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Como señala la propia Exposición de motivos de la Orden SND/257/2020, dicho cierre está justificado por la necesidad de evitar la concentración de personas en alojamientos turísticos -que deben compartir espacios comunes-, disminuyendo así considerablemente el riesgo de contagio y garantizando la contención de la pandemia. Por lo tanto, tal y como señala la propia “Nota interna sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19” (emitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social), en este caso la pérdida de actividad derivaría de las medidas gubernativas o sanitarias de contención; y especifica que se consideran afectadas por fuerza mayor temporal todas las actividades incluidas en el Anexo del R.D. 463/2020 (entre las que se deben entender incluidas las de alojamiento turístico por los artículos 10.6 del mismo R.D. en relación con la citada Orden SND/257/2020). No cabe duda, pues, de que la suspensión de contratos o reducción de jornada derivada de dicho cierre podrá acogerse al régimen especial previsto en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) por fuerza mayor.

Admitida, pues, la posibilidad de tramitar un ERTE por fuerza mayor, el explotador del establecimiento podrá beneficiarse no sólo de esos plazos reducidos, sino también de la exoneración de abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. La exoneración será total cuando la empresa tuviera -a 29 de febrero de 2020- menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social; y si, en la citada fecha, tuviera 50 trabajadores o más en situación de alta, la exoneración alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

En cuanto a las relaciones con el propietario del hotel o los proveedores, al no haber sido éstas -al contrario que las laborales- objeto de una regulación específica en el Real Decreto-ley 8/2020 ni ninguna otra norma aprobada con motivo de la crisis sanitaria actualmente existente, aquéllas no se verían afectadas por la citada Orden del Ministerio de Sanidad y, con carácter general, habrían de seguir cumpliéndose.

No obstante, sin perjuicio de remitirnos, para un estudio más detenido de esta cuestión, al Capítulo 2 de nuestra serie “La empresa ante el coronavirus: Respuestas prácticas a problemas reales” (¿Puedo dejar de cumplir mis obligaciones contractuales alegando la concurrencia de fuerza mayor?), podemos indicar que, dado el extraordinario e imprevisible cambio de las circunstancias y su incidencia en el cumplimiento de las prestaciones por una de las partes, el perjudicado podría solicitar la suspensión del contrato o una modificación de las condiciones inicialmente pactadas invocando la doctrina del “cambio sobrevenido de las circunstancias” (rebus sic stantibus). De esta manera, se podría corregir convencionalmente ese grave desequilibrio de las prestaciones a través de una variación del plazo de cumplimiento o incluso de los términos económicos, distribuyendo así de manera equitativa los perjuicios económicos derivados de las excepcionales circunstancias en las que nos encontramos.

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