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LA EMPRESA ANTE EL CORONAVIRUS: RESPUESTAS PRÁCTICAS A PROBLEMAS REALES. CAPITULO 2.-¿PUEDO DEJAR DE CUMPLIR MIS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ALEGANDO LA CONCURRENCIA DE FUERZA MAYOR?

CAPITULO 2.- ANTE LA SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19 PARA MI EMPRESA, ¿PUEDO DEJAR DE CUMPLIR MIS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ALEGANDO LA CONCURRENCIA DE FUERZA MAYOR?

En el plano contractual privado la “fuerza mayor” se identifica con sucesos imprevisibles e inevitables que impidan el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato (art. 1105 del Código Civil). Tal situación se suele relacionar con acontecimientos de gran alcance, ya sean naturales o provocados por la mano del hombre, fuera de todo control y previsión, que determinan la imposibilidad de cumplir. Así sucede, por ejemplo, con las catástrofes naturales (incendios, plagas, inundaciones…), los conflictos armados y la contaminación química, nuclear o biológica extendida. Las epidemias, como la generada por el COVID-19, podrían entrar también bajo esta categoría.

En todo caso, para apreciar la concurrencia de un supuesto de fuerza mayor a efectos contractuales resulta imprescindible no únicamente que se produzca un acontecimiento de esta naturaleza, sino, además, que el mismo incida directamente sobre la capacidad de cumplir una determinada obligación.

Esto quiere decir que, en el caso de la situación provocada por el COVID-19, sólo podrá invocarse la fuerza mayor en relación con la suspensión de aquellas concretas prestaciones contractuales cuya ejecución se vea materialmente imposibilitada como consecuencia de los efectos de la epidemia.

  1. a) Por ejemplo, en el caso de los establecimientos hoteleros cuyo cierre se ha ordenado por disposición de las autoridades competentes, la suspensión de las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de alojamiento de huéspedes trae causa de una situación de fuerza mayor.
  2. b) Lo mismo sucedería en el caso de la interrupción de los trabajos correspondientes a una obra —y el consiguiente incumplimiento de los plazos de ejecución— cuando el empresario se ve obligado a paralizarla por encontrarse en aislamiento preventivo un número significativo de trabajadores.
  3. c) Y, de igual manera, cabría invocar fuerza mayor en relación con la suspensión de la obligación de entrega de bienes o servicios en el marco de un determinado contrato cuando dicha obligación depende de suministros que se han interrumpido por causas relacionadas con la misma (ej. el cierre de establecimiento de los proveedores, motivado por el contagio o la cuarentena de los trabajadores).

Sin embargo, al margen de estos supuestos, las empresas no pueden alegar “fuerza mayor” basada en la situación generada por el COVID-19 para dejar de cumplir otra clase de obligaciones contractuales o para suspender pagos con carácter general. Así, por ejemplo, deben seguir pagándose las rentas por alquileres, las certificaciones de obras, los suministros recibidos, los vencimientos de cuotas de préstamos y de liquidación de intereses y, en general, cualquier crédito exigible que resulte a favor de terceros.

Esto es así, sin perjuicio de las posibilidades que ofrece nuestro sistema jurídico para forzar la renegociación de los términos económicos de los contratos mediante la invocación de la doctrina el “cambio sobrevenido de circunstancias” (rebus sic stantibus).

Según nuestra jurisprudencia, cuando por circunstancias sobrevenidas y extraordinarias, que resultasen totalmente imprevisibles, se produce un grave desequilibrio entre las prestaciones previstas en un determinado contrato en perjuicio de una de las partes, esta puede forzar la renegociación de sus términos a efectos de reestablecer el equilibrio.

Bajo esta doctrina, cabría por ejemplo la prórroga en el plazo de cumplimiento de las obligaciones pactadas e incluso la renegociación de los términos económicos, en el caso de que una caída de ingresos motivada por aquellas circunstancias sobrevenidas llevase a un resultado reiterado de pérdidas en el marco de un determinado contrato.

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