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Todos los políticos sin excepción fían la financiación de sus respectivas cartas a los Reyes Magos en un incremento de la recaudación fruto de la mejora en la lucha contra el fraude. E, indefectiblemente, esto último pasa por engordar la nómina de funcionarios de Hacienda.

Pero Señores, nueve mujeres no gestarán un bebé en un mes. No quiero con ello decir, ni que se me interprete, que no se debe dotar a Hacienda de todos los medios necesarios y convenientes para luchar contra el fraude fiscal, porque una estrategia exitosa sí que nos beneficia a todos: más (recaudación) es menos (a pagar) por el contribuyente cumplidor, y más a recibir por el común en términos de cantidad y calidad de los servicios públicos.

Como no quiero prorrogar el suspense, ya les adelanto cual es lasolución que propugna este post: abogo por la supresión del efectivo en España. Sí, sí, han entendido bien. Directamente prohibir billetes y monedas de curso legal (Euros) en la piel de toro.

¿Por qué? Pues porque en el momento en que todas las transacciones económicas sean trazables, con independencia de su cuantía, nada escaparía al escrutinio del gran hermano Hacienda. Y solo una prohibición sin matices ni excepciones puede ser eficaz. Un resquicio rompería el muro. Plain valilla: la tenencia de efectivo sería ilegal, y no me meto en la naturaleza de la sanción por no apuntarme a la epidemia de Torquemadas públicos y privatizados que asola España.

Ya sé que de vez en cuando, tímidamente, alguno de los de la cosa pública abogan por la eliminación de los billetes de 500 Euros. E incluso algún osado por la de los de 200 y, temerario él, hasta de la de los de 100. Pero es que eso va de suyo. ¿Cómo sostener la permanencia de un billete, el famoso Bin Laden (todos saben que existe, pero nadie lo ha visto), cuyo uso legal según los servicios de inteligencia británicos se restringe al 10 por ciento de las transacciones? Item más creo que en Alemania más del 50 por ciento de la población declara no solo no haber tenido nunca uno en el bolsillo, sino ni siquiera haberlo visto. Y eso que es el heredero directo del billete de 1.000 marcos.

Otro dato para la reflexión: España representa en torno al 11 por ciento de la riqueza de la zona Euro y atesora nada menos que un 25 por ciento de los billetes de 500 Euros en circulación.

La Administración es plenamente consciente de que por la vía del pago en efectivo se le desangra el morral. De ahí que ya se prohibieran, salvo en las zonas turísticas, pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 Euros. ¡Un mero desiderátum! A quien desea burlar a Hacienda poco le atemorizará violar otra prohibición administrativa. No digamos ya si de los que se trata es de transacciones directamente tipificadas en el Código Penal.

A la prohibición del efectivo y supresión de su uso en España solo se le pueden oponer a mi juicio dos argumentos, creo que fácilmente refutables.

El primero atendería al problema de la población y/o negocios (pequeños) no “bancarizados” (de los ilegales mejor no hablar), que quedaría excluida de esa guisa del tráfico económico. Al respecto hay que decir que el nivel de bancarización de España es probablemente el más alto de la UE y, me atrevería a aventurar, del mundo. Además, desde el sector público siempre se podría arbitrar una suerte de “banco público de último recurso” que proveyera de medios de pago no físicos a esa parte marginal de la población que se viera en riesgo de exclusión. Todos los españoles están en posesión de un DNI, e imagino que en prácticamente su totalidad incorpora ya el chip electrónico. Una idea a vuelapluma para solventar ese problema podría pasar por cargar el chip con saldo monetario (tipo monedero electrónico) y convertirlo de esa guisa en un medio de pago. De seguro que hay muchas otras soluciones más imaginativas y efectivas de las que a mí se me puedan ocurrir, pero la conclusión es la misma: el problema es ‘solventable’ desde el lado del pagador. Desde el del “negocio”, habida cuenta de la impresionante penetración del Smartphone o teléfono inteligente en España, habilitando un simple apósito (ya existente) para admitir pagos con todo tipo de tarjetas, o por vía electrónica, o bluetooth, o hasta con el chip del DNI, problema resuelto.

El segundo argumento pertenece a la categoría de los luchadores por la libertad del individuo frente al Estado, también conocidos como liberales (con los que simpatizo). ¡David contra Goliath! En efecto, esta propuesta constituiría una intromisión más en el ámbito de la privacidad del ciudadano, de su intimidad, pues ya nada de su actuar con alguna trascendencia monetaria podría escapar del Gran Hermano ¡oh Leviathan! Yo en esto no entro, es evidente que debe encontrarse un punto de equilibrio, de compromiso entre la libertad individual y el bien común, entre la intimidad y el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas con justicia, equidad y progresividad. Pero es que hoy la privacidad toca ya techo en los 2.500 Euros.

En Dinamarca y Países Escandinavos ya se lo están planteando, y eso que el nivel de fraude es substancialmente inferior al asumido como estructural en España.

Y es que, además, yo creo que ser pionero en esto descorcha una muy buena oportunidad para eliminar costes de transacción e innovar, en beneficio del progreso económico y social de empresas y ciudadanos. En efecto, el coste de la producción, mantenimiento, distribución y custodia de efectivo (por no hablar del incentivo a la delincuencia en términos de robos) es muy alto, y constituye un pingüe negocio para algunos: bancos, redes de cajeros automáticos, compañías de seguridad, blindados y transporte, fábrica nacional de moneda y timbre, etc. Proposición: que se dediquen a otra cosa que aporte valor a todos, y no solo a algunos.

De otra parte, el incentivo a la innovación en medios de pago sería enorme, y por ahí van los tiros de la burbuja fintech. A los bancos se les daría más negocio pues capturarían parte de las transacciones hoy no bancarias, y también al resto de las compañías de medios de pago, por lo que la tarta crecería para ellos, pero, en contrapartida, el incentivo a la disrupción de su modelo sería aún mayor, lo que yo personalmente considero beneficioso para el bien común. Se trata de una industria cara y, hoy, ineficiente, por no hablar de su “riesgo moral”.

¡Sí se puede! Eso sí, se acabaron las “donaciones anónimas”. A buen entendedor …

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

Artículo publicado en el blog “La caña” de Cinco Días de Emiliano Garayar

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