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Muchos de ustedes no habrán oído nunca hablar de Blockchain. Pero sí de Bitcoin, la criptomoneda que inventa el dinero digital (en el Centro comercial ABC de Serrano en Madrid hay un cajero de Bitcoins, del que creo que se puede retirar cash). Pues bien, blockchain es el protocolo sobre el que corren las transacciones de Bitcoin, y el que habilita la propia existencia de la moneda.

Y se preguntarán, con razón, ¿qué tiene que ver el dinero digital con la revolución del derecho? Pues suena más a banca (y su galopante crisis estructural de modelo), y a bancos emisores, que a abogados. Eso pensaba yo también hasta que me alcanzaron dos afirmaciones que, de ser ciertas, marcarán un antes y un después no solo en la profesión de abogado, sino también en los parámetros más importantes del tráfico jurídico, financiero y de negocios.

Ahí va la primera de ellas:blockchain es al intercambio de valor lo que internet ha sido al intercambio de información”. Si solo un uno por ciento de esta frase es cierto, la revolución que se nos viene encima es brutal.

La segunda: “por primera vez podemos meter código en los activos”. ¿Recuerdan? Apenas estamos en los comienzos del internet de las cosas, de la industria 3.0, y ahora nos vienen con que se trata de crear “activos de valor inteligentes”. Vamos, que no hace falta que usted persiga al billete, pues, si es su legítimo destinatario, el billete le perseguirá a usted.

Las tripas del protocolo la verdad es que se me escapan. Mi escasa capacitación tecnológica no da para mucho y, aun menos, para entender cómo funciona el blockchain. Lo que sí entiendo son sus “virtudes”: posibilita transacciones irreplicables y registra todo el tracto de las mismas en bloques que se van encadenando de modo descentralizado; el registro de ese tracto desde el momento mismo de la generación del activo resulta de imposible manipulación. Además el sistema comprueba transacciones “incompatibles” (p.e. gastarse dos veces la misma bitcoin) e impide que las mismas se registren. Realiza una suerte de liquidación automática de valor de modo que el output nunca pueda ser superior al input.

Y esto, en derecho, ¿para qué sirve? A mi juicio transforma el paradigma mismo de la abogacía de los negocios, … y me explico dando un paso muy atrás, hasta la primera clase del primer día de la carrera (que en mi caso es remontarse casi 30 años en el tiempo). ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre la norma jurídica y la norma moral? ¿Lo que hace que el derecho sea derecho? Sí, la imposición coercitiva de su cumplimiento a manos de quien ostenta en una sociedad el monopolio de la fuerza. No hay derecho, “legalidad”, si no podemos exigir el cumplimiento de lo pactado, y para eso está la justicia, ese monopolio público de tan altísimo coste para el tráfico mercantil y, sí, porque no decirlo, en España tremendamente ineficaz y radicalmente incierto (el arbitraje es la gestión privada en régimen de concesión, pero no es que haya mejorado en demasía a su original).

¿Y si redactáramos y suscribiéramos contratos autoejecutables? ¿Y si pudiéramos evitar la intervención humana en la ejecución y cumplimiento de lo pactado? ¿Y si la justicia, y el juez, y el árbitro, resultaran redundantes para hacer cumplir la voluntad de las partes?

Es evidente que lo anterior constituye un desiderátum de muy difícil y probablemente remota realización, al menos en su extremo. Pero es cierto que hay muchos objetivos intermedios alcanzables, particularmente en lo que conocemos como contratos de tracto sucesivo (es decir, donde las recíprocas prestaciones de las partes se van dando a lo largo de la vida del contrato, y no solo en el momento de su firma).

Sería éste, por ejemplo, el caso de la verificación del cumplimiento de condiciones suspensivas objetivas a las que queda subordinado determinado pago o prestación susceptible de automatización. Así, si el comprador retiene parte del precio a pagar por un inmueble que se liberará en el momento en que quede inscrita en el registro de la propiedad la escritura de obra nueva y división horizontal, el contrato “inteligente” quedará programado de modo que cuando verifique (el propio contrato) que la inscripción ha tenido lugar, automáticamente se activará la orden de transferencia de los fondos retenidos para ese fin en favor del vendedor. Para ello, el contrato estará interconectado con el registro de la propiedad y con la entidad financiera o plataforma de pagos electrónicos (es posible que las primeras con la deriva que llevan ya hayan dejado de existir), y procesará la información ejecutando los pactos entre las partes sin intervención humana alguna.

Ello constituye todo un reto para los abogados que tendremos que cambiar de “lenguaje”, para empezar ya mismo a escribir “código”.

Y qué decir de nuestros amigos Notarios, y de la fe pública registral, y de todo el negocio, en definitiva, montado en rededor de la prevención de la tan humana, y singularmente española, capacidad de engañar, falsificar, trampear, etc.

En efecto, la cualidad del blockchain de registrar transacciones irreplicables y de imposible manipulación, alteración o falsificación, aportando “fehaciencia” a su contenido, supondría que todos los contratos en blockchain hicieran redundante la fe pública notarial.blockchain es en sí mismo un registro universal de transacciones, que hace imposible en su esencia la alteración o interrupción del tracto, de un modo infinitamente más eficaz que un registro de la propiedad al uso y con un alcance universal.

¿Para cuándo una cátedra blockchain? Las Facultades de derecho … siempre a la vanguardia de la innovación.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

Artículo publicado en el blog “La caña” de Cinco Días de Emiliano Garayar

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