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LA EMPRESA ANTE EL CORONAVIRUS: RESPUESTAS PRÁCTICAS A PROBLEMAS REALES. CAPÍTULO 7.- ¿PUEDE MI EMPRESA SOLICITAR FINANCIACIÓN CON LA COBERTURA DE LA LÍNEA DE AVALES PÚBLICOS APROBADA POR EL GOBIERNO?

CAPITULO 7 – ¿PUEDE MI EMPRESA SOLICITAR FINANCIACIÓN CON LA COBERTURA DE LA LÍNEA DE AVALES PÚBLICOS APROBADA POR EL GOBIERNO EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19?

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, contempla la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado, por un importe total de hasta 100.000 millones de euros. La finalidad de esta línea de avales públicos es dar cobertura a la nueva financiación (o renovaciones de financiaciones ya existentes) que concedan las entidades financieras a PYMES, autónomos y grandes empresas para que éstas puedan atender sus necesidades de liquidez, preservando así la normalidad de los flujos de financiación y los niveles de circulante y liquidez al objeto de apoyar la viabilidad de aquellas empresas y/o autónomos que se estén viendo afectados por la coyuntura creada por el COVID-19.

En ejecución del referido Real-Decreto-ley el Consejo de Ministros acordó el pasado 24 de marzo de 2020 la liberación del primer tramo de la línea de avales, por un importe máximo de 20.000 millones de euros[1], fijándose a su vez los requisitos y condiciones aplicables al mismo. Dicho acuerdo ha sido adoptado teniendo en consideración la Comunicación de la Comisión Europea emitida el pasado 19 de marzo de 2020, en virtud de la cual se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de ayudas estatales que diseñen los estados miembros para combatir los efectos económicos del COVID-19, y ello con el objeto de que dichas medidas puedan ser consideradas como compatibles con las reglas de mercado interior europeo. A este respecto, la Comisión Europea ha declarado la línea de avales aprobada por el estado español como una ayuda de estado compatible con la normativa europea en este ámbito mediante su Decisión de fecha 24 de marzo de 2020.

A la vista de lo anterior, la cuestión principal que se plantea se refiere a las condiciones que debe cumplir un autónomo, PYME o gran empresa —cuya actividad y situación financiera se hayan visto comprometidas por el COVID-19— para acudir a este tipo de financiación con garantía de avales públicos.

Como consideración preliminar, debe advertirse que serán las entidades financieras las que en último término decidan sobre el otorgamiento de esta financiación con avales públicos según sus criterios y políticas internas de riesgo.

En cuanto a los requisitos que deben concurrir para acceder a la cobertura de la línea de avales públicos, deben destacarse los siguientes, que afectan tanto a la condición subjetiva del deudor como a la propia financiación que constituye el objeto de tales garantías:

  • Requisitos subjetivos del deudor:
  • Tener el domicilio social en España;
  • No figurar en situación de morosidad en la consulta de ficheros de CIRBE a 31 de diciembre de 2019;
  • No estar sujeto a un procedimiento concursal a fecha 17 de marzo de 2020, ni a ninguna de las causas previstas en el artículo 2.4 de la Ley Concursal; y
  • No ser una entidad financiera.
  • Requisitos de la financiación:
  • Préstamos y operaciones que hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17 de marzo de 2020;
  • Tendrán como finalidad atender a necesidades de capital circulante. A este respecto, conviene advertir que la Decisión de la Comisión Europea anteriormente citada reconoce las “inversiones” como una de las finalidades de los préstamos susceptibles de ser garantizados por esta línea de avales. Sin embargo, el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autoriza este primer tramo de la línea de avales no menciona expresamente las inversiones como concepto susceptible de cobertura, sino que hace referencia únicamente a la financiación para atender pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante, u otras necesidades de liquidez incluyendo las derivadas de vencimiento de obligaciones financieras o tributarias. A nuestro juicio, y en la medida en que la Decisión de la Comisión Europea considera aceptable la financiación para inversión, entendemos que la misma podría ser merecedora igualmente de los avales públicos aprobados por el Acuerdo del Consejo de Ministros aunque es una cuestión que dependerá, finalmente, de las decisiones que pueda tomar el ICO al respecto como entidad gestora de los avales.
  • La financiación avalada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes;
  • Importe máximo del préstamo:
  • Para préstamos de hasta un máximo de 1.5 millones de euros, se aplicarán las disposiciones específicas del Reglamento 1407/2013 de la Comisión Europea, relativo a las ayudas de minimis. En dicho Reglamento se establece que las ayudas consistentes en garantías se considerarán como “transparentes” si la garantía no excede del 80% del préstamo subyacente y el importe garantizado es 1.5 millones de euros (o 750.000 euros en caso de las empresas que realizan operaciones de transporte de mercancías por carretera), y la duración de la garantía es de cinco años.
  • Para préstamos por encima de 1.5 millones de euros, la resolución del Acuerdo del Consejo de Ministros se remite a la antedicha Comunicación de la Comisión Europea de fecha 19 de marzo de 2020 en la que se establecen los siguientes límites:
  • Préstamos con vencimiento posterior al 31 de diciembre de 2020. Estos límites son:
    • Doble de la masa salarial en 2019, (incluyendo cotizaciones sociales y coste del personal de las subcontratas desempeñadas en las sedes); o
    • 25% de la facturación de 2019; o
    • Se podrá aumentar el valor de la financiación concedida siempre y cuando las necesidades de liquidez queden debidamente justificadas y certificadas por el propio beneficiario de la financiación, para los próximos (i) 18 meses en caso de PYMES y (ii) 12 meses para no PYMES.
  • Préstamos con vencimiento anterior a 31 de diciembre de 2020, el importe del principal puede ser superior a los importes máximos mencionados anteriormente, siempre que exista una justificación adecuada y siempre que esté asegurada la proporcionalidad de la ayuda.

Finalmente, y por lo que se refiere a las características de los avales públicos susceptibles de ser solicitados en el marco de este primer tramo aprobado por el Gobierno, deben destacarse las siguientes:

  • El plazo de vencimiento de los avales deberá coincidir con el plazo de la operación de financiación y en todo caso hasta un máximo de cinco años.
  • El plazo de solicitud de los mismos será hasta el 30 de septiembre de 2020, pudiendo ampliarse este plazo por un nuevo Acuerdo del Consejo de Ministros.
  • Los porcentajes máximos garantizados por los avales serán (i) 80% de las operaciones de financiación suscritas por autónomos y PYMES; (ii) 70% de las nuevas operaciones de financiación suscritas por empresas que no sean consideradas como PYMES; y (iii) 60% de las renovaciones de operaciones de financiación suscritas por empresas que no reúnan la condición de PYMES.
  • La remuneración del aval (que oscila desde 20 puntos básicos hasta 120 puntos básicos) tendrá en cuenta el importe de la operación, la condición o no de PYME del destinatario y el plazo de la operación de financiación.

Como conclusión, la concesión de avales públicos para paliar los efectos económicos negativos del COVID-19 trata de contribuir a la inyección de la liquidez que resulta tan necesaria en estos días para empresas, facilitando la obtención de financiación por estas últimas. El ámbito de los sujetos que pueden beneficiarse de estos avales se ha definido de forma amplia, puesto que no se restringe a ningún sector en concreto (salvo la exclusión de las propias entidades financieras que, como es natural, serán quienes concedan la financiación que resulta garantizada).  En este mismo sentido, resulta destacable la duración de la cobertura de estos avales públicos, que trata de fomentar indirectamente la concesión de préstamos a largo plazo en la medida en que se prevé que tengan una duración de hasta de cinco años. No obstante, tal como se ha comentado con anterioridad, hay que tener presente que la prestación del aval es una ayuda gestionada por el ICO y que se canaliza a través de las entidades financieras, siendo estas últimas las que tendrán la potestad para decidir el otorgamiento de la financiación según sus políticas internas de riesgo.

[1] Dos subtramos: hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y PYMES y hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de PYME. Se entenderá como “PYMES” aquellas empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros, o cuyo balance general anual (capital suscrito no desembolsado, gastos de establecimiento, activo fijo, activo circulante y cuentas de regularización del activo) no excede de 43 millones de euros.

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